Debe relievarse, que hoy la justicia con sus fallos injustos que no solo vulneran el derecho sustancial, sino proferidos en contra de los derechos fundamentales, atentan contra el ordenamiento jurídico y la institucionalidad, encontrándonos de regreso a la autotutela.
Tutela contra providencias judiciales y revictimización
En el caso de las sentencias de tutela en contra de las sentencias judiciales, donde a pesar de ser procedentes el juez de tutela, muchas veces encarnado por las altas cortes, ni siquiera entran a revisar los motivos de la acusación de la providencia, sino que se van por las ramas, evitando el definir de fondo el asunto, revictimizan a los accionante en sede de tutela, al reincidir en la vulneración del debido proceso, el acceso a la justicia y la seguridad jurídica.
Pérdida de institucionalidad y retorno a la autotutela
Nótese que la perdida de la institucionalidad, nos lleva aceptar que la sociedad claudique y que los ciudadanos tomen la justicia en sus manos, al no encontrar quien ampare sus derechos, ya ni las altas Cortes, a quienes se les permite sentar precedentes judiciales ejemplares y siendo en sede de tutela, el juez constitucional por excelencia, para darle brilla metal a la justicia, no asumen su compromiso y responsabilidad, haciendo el quite, al debido estudio juicioso, al caso en particular, para amparar derechos fundamentales, cuando la institucionalidad está agonizando, en las otras ramas del poder público.
Decisiones judiciales, debido proceso y valoración probatoria
Así mismo, las autoridades judiciales con decisiones y actuaciones apartadas de la ley, muchos que son verdaderos fallos inhibitorios, vulnerando la misma practica de la prueba y emitiendo valoraciones sesgadas que vulneran el debido proceso al no hacer la debida contemplación integral del acervo probatorio, donde se valora el testimonio mendaz en contra del contrato redactado por las misma parte que hoy cambia los alcances y condiciones del contrato con deposiciones falaces, están permitiendo la revictimización de la parte abusada, la vulneración de sus derechos fundamentales y que se ocasionen daños y perjuicios con esas actuaciones y omisiones, creando una incertidumbre, inseguridad jurídica y falta de legitimación, confianza y aceptación de sus providencias, en la sociedad Colombiana, en la cual se predica un “Estado social de Derecho”.
El deber constitucional y legal de los jueces
En ese orden, los jueces de la república no están asumiendo su deber y obligación constitucional y legal y no hacen el más mínimo esfuerzo, por reconocer las trasgresiones a derechos fundamentales e incluso aplicar sus mismas decisiones, precedentes y posturas, tomadas con anterioridad en casos similares, en donde si han sido garantistas y prefieren eludir entrar a estudiar el caso en concreto, desconociendo que se cumplen los requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y con argumentos escasos, preferir respaldar y cobijar operadores judiciales so pretexto de no invadir la orbital del juez natural.
Revisión de expedientes de tutela por la Corte Constitucional
Así las cosas, es importante que, la Corte Constitucional revise sus políticas para la revisión de los expediente de tutela, porque a menudo se dejan pasar varias situaciones y temas de relevancia jurídica, para unificar jurisprudencia, los cuales pueden aclarar el alcance de un derecho y evitar un perjuicio grave, al existir la urgencia de protección de derechos fundamentales.
La justicia material como finalidad del proceso judicial
En este sentido, quienes administran justicia deben tener presente que los procesos y procedimientos no son fines en sí mismos, sino medios para resolver los conflictos que se les presentan. El objetivo último del proceso judicial es, precisamente, la solución efectiva del conflicto. En consecuencia, resulta inaceptable la existencia de decisiones que no resuelvan el conflicto, que pueden ser tenidas como inhibitorias dentro del sistema legal.
Por ello, se impone la necesidad de recurrir cuando sea pertinente a mecanismos como la prueba de oficio, la carga dinámica de la prueba y la aplicación de los principios procesales, con el fin de brindar una justicia material y no meramente formal a los ciudadanos.